A partir de los años 2000, diversos estudios, sucesivas encuestas de opinión, así como también los resultados de la última consulta municipal -con casi 2 millones y medio de personas- de 225 comunas dieron cuenta de la mayor sensibilidad y reconocimiento por parte de la mayoría de la población del carácter plural de la ciudadanía, del trato desigual que sus integrantes reciben, y de la necesidad de contar con una nueva Constitución que les represente.
La Constitución del año 80 afirma la igualdad de lxs ciudadanxs frente a la ley. No obstante, la cristalización de esta igualdad no está asegurada ni por el funcionamiento de las instituciones (de salud, educación, trabajo o seguridad social, entre otras), ni por las características de las interacciones sociales y de las prácticas cotidianas (arbitrariedad, falta de respeto, intolerancia, prejuicios). Ello da lugar al menor poder de las mujeres, al escaso reconocimiento de las cosmovisiones indígenas y sus organizaciones colectivas. Al mismo tiempo, el sistema político electoral reduce las posibilidades de que independientes sean elegidos como representantes políticxs.
Las normas constitucionales se elaboran en torno a la imagen de un ciudadano abstracto, universal que sin embargo corresponde a las visiones e intereses de los hombres blancos, heterosexuales y propietarios. La invisibilización de la diversidad y de las relaciones asimétricas entre los ciudadanxs fomentan las desigualdades de trato, de resultado, la intolerancia e irrespeto frente a los otros(as) diferentes.
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Argumentos para el cambio en tiempos constituyentes Nº 91
Mitos, creencias y estereotipos de género