En estos momentos de incertidumbre y de mayor conciencia sobre el alto grado de contingencia del curso de los hechos sociales, se unen contradictoriamente la vivencia de un tiempo lento y de respuestas tardías frente a los acelerados y sucesivos desafíos sanitarios, sociales y económicos que plantean cada día las consecuencias de la pandemia.
El enfrentamiento a las distintas dimensiones de la pandemia que se han ido desenvolviendo como capas de cebolla han puesto de manifiesto distintas interpretaciones de la realidad social y la sociedad que se quiere construir, develando los intereses particulares y colectivos tras las decisiones y soluciones propuestas. Pero también y fundamentalmente se desnudan las limitaciones de los marcos institucionales definidos de la actual Constitución, los mismos que cristalizan una determinada concepción de sociedad y Estado. Son las normas constitucionales, los
marcos jurídicos aprobados y la forma dominante de hacer política los que traban el desarrollo de una cultura democrática, el derecho a la participación ciudadana, el diálogo y la articulación de conocimientos e intereses, lo que ha dificultado tanto responder a las propuestas y considerar las experiencias de distintos grupos sociales durante la pandemia.
El carácter centralizado de la gestión de gobierno se confrontó inicialmente con la opinión y el aporte de las alcaldesas y alcaldes y los de las exautoridades de salud que promovían el uso de la red de servicios de atención primaria y desconsideró la experiencia y asociatividad de las organizaciones territoriales, vecinales y de mujeres que tienen conocimientos locales fundamentales para enfrentar la pandemia. Colegios profesionales y centros de estudios, organizaciones sociales y de mujeres tuvieron que irrumpir en el espacio público para alertar de los déficits y consecuencias de las decisiones que se fueron tomando.
Ante el excesivo presidencialismo, el parlamento ha tenido que presionar una y otra vez para dar respuestas a problemas urgentes de la ciudadanía y ampliar los montos y cobertura de los beneficios otorgados por el gobierno a ciudadanxs definidos como grupos más vulnerable en esta crisis. Y es que el debate de fondo confronta criterios neoliberales que promueven la focalización extrema de los recursos con una lógica que responsabiliza al Estado de garantizar Derechos universales básicos para la ciudadanía.
Las confrontaciones actuales no son producto de guerrillas entre posiciones que tratan de presionar al oponente para hacerlo ceder para ganar protagonismo y fuerza. Al contrario, se trata de la ausencia o la obsolescencia de los marcos jurídicos que no dan cuenta de las prácticas y aspiraciones de la ciudadanía, que obstaculizan la participación y la consulta.
Descargas y Material Pedagógico
Argumentos para el cambio en tiempos constituyentes Nº 97
Las mujeres aprobamos. El plebiscito y la convención constitucional como un camino ineludible para la consagración de nuestros derechos.
Todas las mujeres contra todas las violencias.