Los resultados del plebiscito del 25 de octubre expresaron la voluntad compartida de una mayoría de avanzar hacia una sociedad con mayor justicia, igualdad, respeto y solidaridad interpersonal, a lo que contribuiría una constitución redactada por ciudadanos/as elegidos directamente y en forma paritaria.
Desde entonces la dinámica social y política ha devenido más confusa y los mensajes son contradictorios en lo relativo a la pandemia. El curso de la pandemia en aparente retroceso y la implementación del programa paso a paso, parecían devolver las ciudades a las personas y restablecer sus vínculos sociales cercanos. Y la campaña de vacunación devolvía la confianza en la universalidad de este derecho. Si bien los permisos de vacaciones contrarrestaron el agotamiento acumulado diseminaron el COVID por las regiones. Lo que siguió a esta aparente salida de la pandemia fue un alza imparable de contagios que promoverían el riesgo de desbordar los recursos humanos e infraestructurales del sistema de salud, de aumentar el malestar y la crispación, y la sobre exigencia cotidiana para evitar contagios y amenguar los efectos económicos de la pandemia.
Al mismo tiempo, el gobierno posterga la solución de grandes problemas cuyas raíces estructurales son profundas, como son la excesiva centralización, las demandas de los pueblos mapuche, las tomas de terrenos para vivienda, la situación económica compleja, entre otras. La movilización social sigue siendo fuertemente reprimida, violando los derechos humanos y apelando a la violencia sexual especialmente en el caso de las mujeres, al mismo tiempo que no se abordan eficientemente los temas del narcotráfico ni la violencia delictual.
Esta dura cotidianeidad no nos debe hacer olvidar que estamos suspendidos entre dos tiempos, el pasado, que queremos dejar atrás, y un futuro cuyos horizontes delineamos en torno a la justicia, la democracia y la paridad, y a un nosotros que incluya a todos los seres vivos y a la naturaleza. Sabemos que las múltiples injusticias y los problemas son complejos. La extrema centralización del país, el excesivo poder del presidente, los obstáculos a la expresión y representación de la ciudadanía, la privatización de los bienes públicos, las desigualdades de género y étnicas, comprometen poderes e intereses que se han materializado en una arquitectura institucional y normativa que asegura las bases de su
reproducción y opone una fuerte resistencia al cambio.
El camino a transitar no está escrito, los hechos son dinámicos e impredecibles, exigen a los actores políticos y sociales, a las organizaciones, a las universidades y colegios profesionales comprometidos con la transformación social un doble movimiento, estar presente, pero a la vez tomar distancia para entender lo que está pasando, a veces oscurecido por los discursos, por la tendencia a usar categorías dicotómicas en la interpretación de los hechos y para evaluar a los actores políticos. Aunque los juicios morales son importantes, estos no deben postergar el análisis político que ilumina la interacción a la que entran los actores con distintas concepciones y poder en torno a la definición de los problemas señalados y propuestas constitucionales.
Y es en este contexto donde las mujeres candidatas a la constituyente, a concejalas, a la alcaldía o a gobernadoras deben desplegar sus campañas que las proyectan a nuevos espacios públicos, donde deberán abordar este conjunto de problemas desde una perspectiva feminista.