Los acontecimientos políticos en nuestra región nos advierten de los riesgos que tiene la polarización ideológica en el funcionamiento de la democracia y bienestar societal. En esos casos, cada grupo se encierra en sus posiciones atribuyéndose la verdad y la representación del conjunto de la sociedad. En un clima de extrema polarización se corta el diálogo, el debate, la controversia. Cada extremo se enclaustra en su postura descalificando al otro, atribuyéndoles intenciones no dichas y propuestas interesadas. Se presupone las razones del otro a través de la experiencia, pero que siempre está permeada por intereses, discursos y la circulación de información distorsionada, todo lo cual alimenta la desconfianza y el temor al debate.
En Chile, la protesta social de 2019 abrió un nuevo ciclo político que dio lugar a un proceso que tiene como cauce central la elaboración y aprobación de una nueva Constitución. No ha sido fácil el recorrido, la pandemia ha alargado el tiempo entre los hitos del itinerario previstos, lo que ha suscitado muchos temores e inseguridades sobre su continuidad, agitándonos entre la esperanza y la desazón. Aunque el nivel de participación electoral ha disminuido desde el plebiscito de entrada, siendo dramáticamente baja en el caso de las elecciones de gobernadores, este proceso también, y persistentemente, ha despertado el interés, el compromiso de la parte activa de la ciudadanía. Urge pensar las razones del aparente desinterés de parte de la ciudadanía y de la distancia que la separan de la ciudadanía activa políticamente. Intervienen muchos factores que no se han ponderado, entre otros, la debilidad de los programas de educación cívica de parte del gobierno, la intensidad de las jornadas de trabajo que les lleva a defender sus días de descanso, la distribución, distancia y acceso a los locales de votación, los niveles de crispación desarrollados en las campañas que estimulan la desafección por la política.
La composición de la Convención Constituyente ha generado un espacio de convergencia entre representantes elegidas y elegidos que tienen diferentes trayectorias de acción social y política y vienen desde distintos territorios. Representan entonces a una diversidad de grupos, de ideas, de propuestas, que se anidan en nuestra sociedad. Como una mayoría de constituyentes se han manifestado a favor de la mayor igualdad, la pluralidad, la descentralización y la democracia es esperable que el diálogo pueda fluir, que cada constituyente se abra al diálogo, al debate, acepte la expresión de las minorías y las controversias puedan resolverse.
Junto a la elección de constituyentes se eligieron a alcaldes, concejales y gobernadores sin aplicar criterios de paridad de género, lo que afectó negativamente la presencia cuantitativa de las mujeres, mostrando la necesidad de generalizar los criterios de paridad, de escaños reservados y cuotas para personas que viven con discapacidad. No obstante, parte significativa de los nuevos concejales, alcaldesas y gobernadores son mujeres y hombres comprometidas con las transformaciones sociales y con formas de gestión institucional más participativa e inclusiva.
De igual manera, el resto de las instituciones siguen funcionando. La convención constituyente y sus articulados posteriores relativos a la paridad, escaños o cuotas han sido aprobados en el Parlamento mediante reformas constitucionales. Durante toda la pandemia en el parlamento han tenido lugar vivos debates sobre la protección de los derechos de la ciudadanía, los que han dado lugar a leyes o medidas de protección social. Asimismo, la expresidenta del senado convocó a un colectivo de organizaciones de mujeres para elaborar una agenda de género COVID que, por un lado, ha permitido la ampliación del post natal de emergencia, dar continuidad a los servicios de salud reproductiva, presionar por respuestas ágiles a la violencia hacia las mujeres y por otro poner a la luz las diversas
voces de mujeres, recogiendo sus experiencias durante la pandemia.
En este escenario complejo, a la Nueva Constitución le cabe la tarea específica de gran trascendencia histórica, aprobar los marcos jurídico constitucionales que orientarán la acción del Estado, y sus relaciones con otras instituciones y la ciudadanía, las modalidades de gestión y de políticas públicas con un espíritu de justicia, igualdad, autonomía y cuidando los vínculos sociales entre las personas y los seres vivos, incluyendo la preservación del planeta.