Más que nunca y frente a hechos que atentan contra la dignidad humana, como fue la marcha contra los y las migrantes en Iquique y la quema posterior de sus pertenencias, es importante avanzar en la elaboración de nuevos marcos constitucionales que regulen no sólo nuestra convivencia interna sino las relaciones con la comunidad internacional, lo que empieza porque el Estado garantice el cumplimiento de los tratados internacionales, referidos a migraciones, como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. En primer lugar, queremos destacar que el desplazamiento masivo de los venezolanos/as, así como el de los haitianos/as, constituyen crisis humanitarias en tanto son desplazamientos forzados frente a las agudas crisis de ambos Estados y respuestas a las malas condiciones de vida y de inseguridad vital en sus países de origen. En estos casos, el derecho humano a emigrar adquiere aun mayor sentido. Una vez en el país los y las migrantes pueden tener el estatus de regulares o irregulares, pero no pueden ser considerados/as ilegales, y deberían tener los mismos derechos sociales de las personas que habitan en el país: salud, educación, vivienda, entre otros. ¿Por qué? Ante todo, los seres humanos forman parte de una comunidad global que debe reconocer la dignidad de las personas como un principio ético universal. Como sociedades debemos ser capaces de frenar el surgimiento de la xenofobia y no definir a otros y otras, como diferentes, inferiores, amenazantes, cuyas vidas no merecen ser protegidas ni vividas.
