La velocidad y el carácter emergente de los hechos políticos en el país, como el inicio de la aprobación de nuevas normas constitucionales y la densidad de las interpretaciones que rodean este proceso, entre otros, llevaron al equipo de redacción de “Argumentos para el cambio en tiempos constituyentes”, a dejar lapsos de tiempo más largos entre los distintos números de esta publicación. Esto nos permite tomar la distancia necesaria para descifrar las múltiples y entrelazadas dimensiones que tejen este proceso, cada una de las cuales se desenvuelve a velocidad diferente e involucra la experiencia y acción de distintas personas, colectividades y organizaciones políticas.
Cuando se aceleran los procesos de transformación social integral motivados desde las demandas y movilización de la ciudadanía, las instituciones y el curso de la vida cotidiana se alejan de los senderos y de las rutinas que ordenan los momentos de mayor estabilidad e incursionan en caminos nuevos. Las interpretaciones y anticipaciones que rodean estos procesos son múltiples y forman un tupido velo en que se mezclan expectativas y aprensiones, suscitan resistencias al cambio y temor a la incertidumbre. Iniciada la escritura de normas es razonable que una de las preocupaciones compartidas por la ciudadanía sea entender cómo el tejido normativo constitucional se está construyendo, cuáles son sus conexiones internas y la arquitectura final del texto, así como adelantar sus consecuencias en la futura vida cotidiana. Pero, esta construcción no es lineal, no se limita a poner piezas en posiciones preestablecidas de un rompecabezas, sino que, al contrario, como en un juego de ajedrez las piezas se mueven en un proceso de negociación política donde se contrastan interpretaciones, principios y objetivos, atendiendo a la participación ciudadana y adaptándose a las características de una sociedad siempre cambiante.
Los objetivos comunes y legítimos compartidos por la mayoría de la población, como se manifestó en el plebiscito de entrada, eran conocidos. Avanzar hacia ellos exigía nuevas normas constitucionales que redistribuyeran el poder desde el ejecutivo a otros poderes del Estado; dotarán de mayor eficiencia, transparencia y cercanía a la función del poder legislativo para adaptarla a la participación y las necesidades de la ciudadanía; garantizaran la igualdad en el acceso a la justicia y el reconocimiento de nuevos derechos (de cuidado y de la naturaleza), y el ejercicio de derechos sociales, políticos y culturales.
Pero, estos acuerdos compartidos en su formulación general deben traducirse en normas jurídicas construidas colectiva y políticamente. Así, por ejemplo, la excesiva centralización, ampliamente cuestionada, debe dar lugar a normas que permitan procesos estructurales de descentralización. La integración de los pueblos originarios al quehacer político nacional debería plasmarse en normas de reconocimiento de la plurinacionalidad y su representación en las instituciones de elección popular y en los cargos de autoridad. La igualdad de género precisa entre otras, de normas que garanticen la paridad en toda la estructura del Estado y en los órganos representativos, el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos y el derecho al cuidado.
Proceso trabajoso sobre todo cuando se desarrolla en plazos de tiempo tan acotados como los que tiene el proceso constituyente y cuando se abordan problemas complejos cuya discusión y solución se han postergado permanentemente.
Ahora bien, las fuerzas que se oponen al cambio constitucional porque atenta contra sus intereses y limita el poder del que disfrutan, se aprovechan y alimentan estos climas, crean falsos estereotipos, distorsionan los acuerdos y desdibujan el proceso para presentarlo como caótico, empantanado, descarrilado. En los medios y redes hacen circular oposiciones dicotómicas que solo simplifican el actuar de los y las convencionales al oponer lo testimonial a lo institucional, la defensa de principios a la deliberación colectiva, la inclusión y exclusión de actores como resultado de supuestas fronteras ideológicas inamovibles y antagónicas.
Su estrategia instrumental niega la importancia de la voluntad ciudadana y el carácter innovador de este proceso, a partir de una interpretación universal y abstracta de la igualdad formal que falsea los contenidos de las normas jurídicas orientadas en lo fundamental a levantar barreras de discriminación históricas y asegurar una igualdad real, incluir a los excluidos, redistribuir el poder y asegurar el ejercicio de la igualdad.