En el último año la ciudadanía ha sido sorprendida en forma reiterada por la difusión de hechos muy graves y condenables que atentan contra el funcionamiento de las instituciones y debilitan la confianza democrática. Hemos seguido el caso Hermosilla, el comportamiento cuestionable y directamente delictivo en otros casos de jueces del poder judicial, el acceso a fondos económicos con fines extrauniversitarios de la universidad San Sebastián y los injustificados ingresos y la soberbia de Marcela Cubillos al respecto.
Por otro lado, nos ha afectado e indignado la grave denuncia de violación y abuso de poder por parte de una máxima autoridad del Estado. El uso de artefactos explosivos en el INBA que dejó importantes secuelas en la salud de los estudiantes y en la convivencia de la comunidad escolar ha mellado una vez más la confianza depositada en la educación como un medio de formación ciudadana, de cohesión y de equidad social.
Y como telón de fondo, y pese a todo los esfuerzos desplegados por el gobierno, asistimos a distintas y crecientes formas de delincuencia y de crimen organizado, lo que exige a las autoridades de gobierno y al par- lamento aprobar nuevas normativas e implementar estrategias complejas que deben considerar las distintas causas y aristas del problema.
Muchos de los problemas actuales derivan de cambios estructurales y correlaciones de fuerza en la economía, en la organización del trabajo y el mercado laboral y de la adaptación acelerada a nuevas tecnologías.