Ha pasado casi un mes y medio desde la instalación de la Convención Constituyente y a lo largo de estas semanas la ciudadanía ha sido testigo de la forma en que la convención ha ido adquiriendo materialidad y
presencia política e institucional. Se ha ido enraizando en la sociedad, cuestionando la lógica centralista, levantando las barreras que excluyen a mujeres y pueblos indígenas de los cargos representativos y debilitando las fronteras que habitualmente distancian las instituciones de las organizaciones sociales y la sociedad civil.
Este proceso tiene lugar en un contexto mundial y nacional atemorizante que exige de rápidas y nuevas respuestas de una mayoría social, muchas veces difíciles de formular colectivamente. El informe de crisis climática es contundente, estamos en medio del torbellino: incendios, inundaciones y diluvios se alternan, la sequía se expande y la escasez del agua se vislumbra como un motivo de disputa. Los intereses y las contradicciones son muchas, y en el país en medio de este debate tan urgente, las autoridades y funcionarios de gobierno comienzan el proceso de autorización del proyecto minera Dominga en una zona de rica biodiversidad, arrasando con las propuestas de los movimientos ambientalistas y las organizaciones sociales del norte del país. La expansión del narco tráfico, su efecto corrosivo en sectores de la población y su penetración en algunas instituciones es francamente alarmante, suscita miedo, inhibe la
acción colectiva e incrementa los espirales de violencia