La Convención es parte de un proceso político social más amplio, sustentado en distintos movimientos e importantes transformaciones culturales que, entre otras dimensiones, se expresa en el mayor empoderamiento y autonomía de la ciudadanía, en sus aspiraciones de relaciones sociales más horizontales, a una más justa distribución de ingresos. Se cuestiona la concentración y el ejercicio del poder y la indolencia de las instituciones frente a necesidades sociales acuciantes.

La composición de la Convención y el carácter transformador de las fuerzas que la integraron fueron expresión de este movimiento social, el mismo que logró debilitar las barreras de acceso a la misma, mediante la aprobación en el parlamento de la norma de paridad de género de resultados, la determinación de escaños reservados y la aprobación de listas independientes.

Ahora bien, las fuerzas transformadoras en la Convención provenían de un archipiélago de organizaciones, de espacios de producción de conocimientos y de agendas, no necesariamente articulados entre sí, que abarcaban desde la defensa de los glaciares, la protección de los humedales, el fin de las zonas de sacrificio hasta el reconocimiento de derechos a la naturaleza. Desde la lucha contra la violencia de género, por el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, hasta la democracia paritaria. De las luchas por el reconocimiento de los pueblos originarios hasta las demandas de autonomía y autogobierno. De esta manera, si bien las distintas fuerzas transformadoras compartían la convicción del cambio no tenían necesariamente la misma comprensión del cauce que debía seguir el proceso ni de los horizontes donde llegar, así como tampoco la misma práctica política e institucional previa en debates políticos y construcción de acuerdos. Luego de arduos meses de trabajo el texto constitucional tomó su forma definitiva.

A través de intensas jornadas que entrelazaron entusiasmos, desvelos y preocupaciones con momentos de estudio, asesorías especializadas, consultas, debates y posteriores acuerdos, se avanzó en la escritura y reescritura del texto, el que fue entregado en el plazo acordado. Tres comisiones le pusieron el broche final. La de preámbulo encargada de recuperar el sentido histórico del proceso, la segunda, de elaborar las normas transitorias, de tránsito de la nueva Constitución hacia la ciudadanía y hacia el Estado y finalmente la tercera que, a través de un trabajo de armonización, dota de coherencia y fluidez al texto. Las propuestas de cada comisión fueron aprobadas por el pleno.

Durante este año a los/as convencionales les fue preciso escuchar y confrontar distintas concepciones y propuestas antes de poder aprobar las normas constitucionales. Estas no fueron ni la sumatoria de posiciones previas ni la imposición de una mayoría sobre una minoría, sino, al contrario, una creación colectiva que exigió de un profundo aprendizaje político del cual saldrán fortalecidos nuevos liderazgos. Durante el año fueron cediendo posiciones unilaterales y las actitudes de superioridad moral sustentadas en la desconfianza hacia los/as otros/as, así como también en la creencia de que las soluciones existen en forma previa al debate y a su construcción colectiva. La actitud de la extrema derecha comprometida desde el inicio con el rechazo a la nueva Constitución, su actitud displicente y de menosprecio al resto de los/as convencionales, así como el uso tendencioso de las redes sociales para desprestigiar el trabajo convencional, torpedearon la posibilidad de comunicación más abierta con las fuerzas de una derecha que se presentaba como más liberal o social.

La Constitución es una herramienta fundamental para continuar con los procesos de transformación de la sociedad y enfrentar de manera justa