Reiniciamos este año la publicación de Argumentos para el cambio en tiempos Constituyentes en un escenario social y político que dista mucho de las características del momento en que iniciamos esta nueva fase de publicaciones a fines del año 2019. Período caracterizado por heterogéneas expresiones de malestar social y presión por transformaciones sociales hacia la justicia social. El desborde de energía y convergencia de convicciones hacía pensar que otra sociedad era posible. Estas fuerzas masivas y dispersas se agruparon en torno al llamado a una nueva Constitución. Hoy en día el escenario parece haberse volteado, los efectos materiales, sociales y psicológicos del estallido, de la pandemia, la aparición de nuevas y graves formas de delincuencia asociadas a bandas internacionales y la impunidad del actuar del narcotráfico, han alterado la vida diaria de las personas, sobre todo de las que tienen menos recursos y están más expuestas a la violencia. La incertidumbre, las carencias, los lleva a priorizar la sobrevivencia física y material del día a día y la de su familia sobre aspiraciones de cambio que ven lejanas.
La composición del parlamento ha frenado la discusión de reformas estructurales propuestas por el gobierno para redistribuir recursos y elevar la calidad de vida de las personas. Desde dentro y fuera del parlamento las fuerzas opositoras y los medios de comunicación han atizado el miedo en torno a la seguridad y a los llamados efectos negativos de la migración. Estas fuerzas defienden la prioridad de la lógica del mercado, la privatización de servicios, el achicamiento del Estado, desconociendo la pluralidad social y la importancia de la participación ciudadana para la cohesión social.
Luego del rechazo de la primera propuesta constitucional, el 4 de setiembre del 2022, el parlamento asume la responsabilidad de continuar el proceso para lo cual se acuerda entre distintas fuerzas políticas (a excepción del partido Republicano y del Partido por la Gente) doce bordes o criterios que la nueva Constitución debe respetar y tres órganos para conducir el proceso: un Comité de Expertos que prepara la propuesta que debe ser discutida por el Consejo Constitucional conformado por consejeros/as electos/as y una Comisión de Admisibilidad que arbitrará si los bordes han sido respetados o no.
Los resultados de la elección de consejeros/as y el triunfo del Partido Republicano han impactado y suscitado distintas lecturas, interpretaciones y anticipaciones de los futuros escenarios políticos posibles. Para explicar los resultados se barajan diversas hipótesis, entre las cuales hay acuerdo sobre el efecto de la campaña organizada en torno al caos, a la delincuencia y al narcotráfico. También fue aprovechada la reprobable muerte de dos policías pocos meses antes de las elecciones para aumentar la sensación de desprotección. De esta manera, la discusión de temas constitucionales que tienen un horizonte de tiempo más largo: la sociedad que se quiere construir, no logró atraer el interés de una ciudadanía afectada por los efectos de la delincuencia amplificados por los medios de comunicación y por el justo malestar de las personas de sectores más vulnerables.
A un nivel más estructural las hipótesis se refieren a la deslegitimación creciente del sistema político frente a la ciudadanía debido al encierro en sí mismo y su distanciamiento de las percepciones, intereses y preocupaciones de la ciudadanía.
La comprensión de la situación actual exige un distanciamiento temporal del debate político coyuntural. Las fuerzas de derecha se apresuran a resignificar el estallido como un hecho episódico de carácter delincuencial sin motivos sociales. Niegan las transformaciones materiales y sociales experimentadas por el país, niegan el efecto de la acción de los movimientos sociales, de sus demandas y agendas de cambio, que han ido transformando los valores y prácticas sociales de la ciudadanía y sus aspiraciones de mayor autonomía y nuevas formas de convivencia.
Por otro lado, los esfuerzos del gobierno por elevar la calidad de vida de los ciudadanos no se difunden suficientemente. Desde el punto de vista económico la inflación ha bajado, el salario mínimo va a subir a $500.000, la eliminación del copago en Fonasa ha beneficiado a más de 680.000 personas. Se han disminuida las listas de espera para cirugía (32%) y para consultas médicas (22%). La ley de responsabilidad parental para el pago efectivo de las pensiones alimenticias favorecerá a las mujeres y sus hijos, y será un factor que contrarreste la impunidad y disminuya la irresponsabilidad paterna. A nivel económico más macro, se aprobó el royalty minero que va a traer 390 mil millones de pesos a las regiones del país, y hay indicios de que las tasas de interés puedan disminuir en los próximos meses, favoreciendo el acceso a créditos hipotecarios.
En este Argumentos mostraremos cómo la agenda feminista se ha ido construyendo a través del tiempo y se enraíza en transformaciones materiales y culturales de vida de las mujeres y de las relaciones de género. Transformaciones que responden al doble mecanismo de avances en la autonomía personal y colectiva de las mujeres y resistencia frente a la persistencia y surgimiento de nuevos mecanismos de discriminación de género orientados a mantener la subordinación y exclusión social y política de las mujeres.
En segundo lugar, nos referiremos a la demanda de justicia paritaria de parte de las mujeres, en el acceso a recursos materiales, de reconocimiento y dignidad y de representación política, develando los riesgos que representa la hegemonía republicana para la justicia de género.