No es la primera, ni la última vez, que confrontaremos situaciones semejantes de crisis (dictaduras militares, masacres, terremotos, incendios), las que hemos sabido superar por la acción conjunta y solidaria de fuerzas políticas y sociales democráticas. Ellas han impulsado políticas que avanzan hacia la cohesión social, ponen freno al incremento de las desigualdades, reconocen, garantizan y protegen los derechos ciudadanos, sobre todo en los momentos de adversidad como la enfermedad, vejez, pérdida de empleo y desescolarización. Y es que la democracia no es solo una palabra, sino el resultado del compromiso reiterado de fuerzas políticas, sociales, culturales y económicas de construir instituciones que aseguren que todas las personas, todos los grupos sociales, mujeres, hombres y diversidades de distintas culturas, origen étnico tengan los mismos derechos a ser escuchados en sus propuestas y demandas, los mismos canales de participación y cuenten con instancias a las cuales recurrir cuando sus derechos son vulnerados.
De allí que sea tan importante que los marcos jurídicos y constitucionales que se aprueban sean capaces de favorecer la construcción de una sociedad democrática sustentada en la igualdad, en la participación y en el respeto a la pluralidad de concepciones, formas de vida y aspiraciones.
De no ser así, las ideas y concepciones de algunos se imponen a las de otros/as y las crisis se descargan en los hombros de las personas que tienen menos oportunidades, acceso a recursos y poder de decisión. Entre otros, las mujeres, los/as trabajadores, los pueblos originarios, la población rural, las diversidades sexuales.
El periodo actual es sumamente complejo, contradictorio e incierto, genera inseguridades y temor al futuro no solo en el país sino también a nivel mundial. Vivimos un mundo en el que se confrontan las grandes potencias mundiales para imponer su hegemonía a costa de las sociedades y los países con menor poder. Enfrentamos crisis globales tales como el cambio climático, conflictos armados, crisis económicas y una aceleración de las olas de migraciones debido, entre otros factores, a los conflictos armados, la violencia sobre las mujeres, la pobreza. Vivimos además en una sociedad en que los vínculos sociales se han debilitado, la confianza en las instituciones ha disminuido y cada quien tiende a resolver individualmente los problemas –o con sus más cercanos– sin preocuparse por la suerte del conjunto de las personas en su situación.
El sistema político no responde a los problemas actuales, dificulta los acuerdos entre los partidos políticos, que no buscan soluciones y nuevos horizontes, no escuchan a la ciudadanía en toda su diversidad, no representan ni empatizan con la pluralidad de formas de vida, concepciones, necesidades e intereses de la ciudadanía.